¿Qué opciones tiene el ciudadano contra la Administración Pública?

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En este post queremos explicar los derechos que tienen los ciudadanos frente a la Administración Pública. Si has sufrido algún revés de este tipo, has llegado al lugar correcto.

En primer lugar, hay que dejar claro que no está todo perdido contra la Administración. El derecho le concede una presunción de validez a las normas que ella dicta. Gozan de esa potestad reglamentaria a la que tanto las personas jurídicas como físicas tienen derecho a enfrentarse cuando se haya producido algún tipo de infracción.

Estos procedimientos se llevarán a cabo en la jurisdicción contencioso-administrativa. Ante un reglamento viciado, existen dos opciones: una reclamación de forma directa y otra indirecta. A la primera no tiene acceso nada más que otro órgano administrativo. A la segunda vía puede acudir cualquier ciudadano de a pie.

¿Cómo ha de llevar a cabo esa impugnación indirecta? Deberá justificar que una acción emanada de un reglamento es inválida. En un principio no afectará a toda la disposición normativa, pero posteriormente puede devenir en que se declare la nulidad de pleno derecho de dicho reglamento. Una vez interpuesto el recurso contra la Administración Pública, el ordenamiento toma como medida cautelar la suspensión de los efectos de la norma a juzgar. Si posteriormente la resolución judicial resulta favorable al actor, se desharán los efectos que contra él fueron llevados a cabo. De esta forma se quedará exento de cualquier responsabilidad administrativa.

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